Sesiones y discusiones sobre el AVP en el Senado

El Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador Hernán Larraín, solicitó a la Red por la Vida y la Familia (agrupación que trabaja por la promoción y la defensa de la vida y la familia) y a otras organizaciones civiles su parecer acerca de los proyectos de ley que regulan el Acuerdo de Vida en Pareja. La comisión entregó a cada una de ellas 16 preguntas para dar su parecer.

Se han realizado 2 sesiones al respecto: la primera, el 8 de enero, y la segunda el 23 del mismo mes. Una de las especialistas que entregó su respuesta, fue la cientista política católica Patricia Gonelle, directora de Red por la Vida y la Familia.

La politóloga tuvo la oportunidad de exponer el 23 de enero su perspectiva frente a la comisión: “Los argumentos en contra de estas uniones son abundantes, tanto del orden práctico como legal. Ya varios países nos muestran sus efectos y tienen que ser tomados en cuenta”, aseguró Gonelle.

“La gente le da a la ley una fuerza moral, cuando no siempre lo tiene, ya que hay leyes que no son éticas. Por ejemplo, muchos países tienen ley de aborto, siendo una grave inmoralidad e injusticia hacia el más débil. Ustedes serán recordados como los legisladores que permitieron iniciar una profunda transformación en la sociedad, con la implementación de una estructura jurídica paralela al matrimonio (que lo debilitará, y por ende a la familia, la que el Estado tiene el deber no solamente de proteger, sino de promover y fortalecer)”, sentenció.

Respecto de los 2 millones de convivientes a los que se alude en la iniciativa legal, Gonelle asegura que, aunque así fuera, hay un tema de fondo que queda afuera: “Volvemos a repetir que esta cifra no ha sido analizada. Su cantidad no significa que haya conflicto, sino un problema de fondo. Es la constatación sociológica de un hecho que tenemos el deber de aclarar con responsabilidad y seriedad”.

“Que el Estado se quiera meter en el modo de convivir de las personas nos preocupa porque no es propio de un estado democrático. Hay millones de chilenos que fuman y arriesgan su salud y la de las demás, pero los estados han legislado no para facilitar el consumo de cigarrillos, sino limitando su consumo y advirtiendo de sus peligros. Y eso en tantas materias, porque justamente el Estado vela por el bien común”, ejemplificó.

DESCARGA EL TEXTO COMPLETO DE PATRICIA GONELLE AQUÍ.

Los miembros de la comisión presentes a aquella sesión fueron los senadores: Hernán Larrain (UDI), Alberto Espina (RN), Soledad Alvear (DC), Patricio Walker (DC) y Carlos Larrain (RN).

CONTEXTO.

A mediados de diciembre pasado, la Sala del Senado aprobó la fusión de los proyectos: AVP (enviado por el presidente Sebastián Piñera) y AVC (del ex senador y actual precandidato de RN, Andrés Allamand). Esta fusión fue aprobada sin el acuerdo del Ejecutivo.

La comisión quedó además de estudiar la posibilidad de incorporar elementos aportados por los senadores Bianchi, Girardi y los ex senadores Ominami y Viera-Gallo.

Como invitados, el día 8 de enero asistieron los representantes de las iglesias: Monseñor Juan Ignacio Gonzalez, como vocero de la Conferencia Episcopal Católica, con su asesor Jorge Precht, y representantes de las Iglesias evangélicas, entre ellos: Obispo Eduardo Durán y el abogado Roberto Ávila, en representación de CONIEV, la Mesa Ampliada, Consejo Nacional de Obispos y Pastores de Chile, Comisión Legal Evangélica con los Obispos Emiliano Soto, Jorge Mendez, Jaime Paredes, Jorge Muñoz, Roberto Lopez, y el pastor Francisco Rivera, quienes entre todos representan a la gran mayoría de las organizaciones evangélicas.

También organizaciones de la Sociedad Civil, encabezadas por Pablo Simonetti, de Fundación Iguales, y Rolando Jimenez, presidente de MOVILH, representantes de Corporación Humanas, Acción Familia y la Red por la Vida y la Familia, además de Fundación Jaime Guzman, e IdeaPais.

Los senadores Fulvio Rossi y Lily Perez asistieron de oyentes.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Esta sesión estaba principalmente dedicada a escuchar a representantes de las Iglesias Católicas y Evangélicas. El presidente de la comisión otorgó a las demás organizaciones civiles la oportunidad de hablar. Sin embargo, la sesión seguirá el martes 15 de enero, ya que varias de ellas no alcanzaron a exponer.

Las Iglesias tuvieron una postura común en contra de la legalización de las Uniones de Hecho y este frente conjunto evidenció la homogeneidad del pueblo cristiano en esta materia.

El asesor de la Conferencia Episcopal Católica, Jorge Precht, añadió algunas consideraciones de orden jurídico que respaldan lo dicho en la declaración de los obispos, haciendo hincapié en que “no hay ambiente de serenidad en la esfera pública” y que la comisión “parece haber decido legislar, lo que es discutible”. Agregó que los efectos del AVP serán múltiples (sociales, penales, patrimoniales, filiales, etcétera).

En cuanto a los pastores evangélicos, ellos están totalmente opuestos al la legalización de las uniones de hecho. Insistieron en el vínculo sagrado del matrimonio y que además la unión civil legalizada atenta gravemente contra la institución del matrimonio y contra el núcleo fundamental de la sociedad que es la familia.

Los representantes de las iglesias coincidieron que se va a crear un nuevo estado civil que va a desnaturalizar el matrimonio, que se vulnera el derecho a la igualdad y que se rompe el principio de que “lo pactado obliga” (pacta sunt servanda), principio básico del Derecho Civil, ya que con este contrato las partes podrán sustraerse de sus obligaciones procesales.

En su turno, el pastor Francisco Javier Rivera calificó el proyecto como “hipócrita y teatral”. “Aquí se está colocando es estabilizado del pavimento para el matrimonio homosexual”, aseguró.

“Hay que sincerar el debate. Hay una máscara que esconde sus verdaderas intenciones. El día de mañana se solicitará la poligamia, la poliandra”, señaló Rivera.

LA RESPUESTA DE FUNDACIÓN IGUALES Y EL MOVILH

Pablo Simonetti dirigió sus dardos abiertamente hacia monseñor González. Habló que si se venía a exponer argumentos religiosos y arcaicos, “entonces tienen que venir también expositores con teorías modernas, de carácter antropológicos y laicos que reconocen que las personas no solamente tienen sexo, sino orientación sexual e identidad de género”.

Comentó que el agresor es la Iglesia Católica y especialmente los dichos de la Iglesia que las uniones de hecho con una amenaza contra la paz. Por su parte, Marcela Ruiz, abogada de la fundación, reiteró que se debe constituir un estado civil con los mismos derechos que el cónyuge.

Finalmente, el representante del MOVILH, Rolando Jiménez, dijo ver con preocupación las “presiones de las iglesias católicas e evangélicas”, porque a su juicio el Congreso como entidad laica “no debe recibir opiniones de esta naturaleza”. Su abogado, Alan Spencer, fue aun más sincero: “Nosotros buscamos matrimonio igualitario, las uniones civiles son de otra índole”.

“ES UN ENGENDRO, UNA INSTITUCIÓN PARALELA AL MATRIMONIO”

En esta ocasión Fulvio Rossi trató de hablar sin permiso, pero Hernán Larraín no lo autorizó. Por esta razón, el senador por la Región de Tarapacá se indignó, y acusó a su par de desconocer el reglamento y se fue de la sesión. “El Congreso y el Senado son una institución laica. Nosotros no imponemos opiniones. No tenemos temor a lo que las personas pueden opinar”, explicó Larraín.

El vocero de Accion Familia, Juan Antonio Montes calificó en su presentación al AVP como “un engendro, una institución paralela que no puede ser mejor al matrimonio. Todos los critican (incluso los a favor) porque tiene una contradicción en su corazón. La familia no es un dogma, no es cualquier cosa, no es un concepto vago o un anhelo. Las discrepancias muestran el trasfondo del proyecto”.

 

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